En primer lugar, se encuentra el Proyecto de Resolución que requiere al DEM que arbitre todos los medios a su alcance para que el mencionado organismo se abstenga de realizar la entrega y/o adjudicación. El restante se trata de un Proyecto de Declaración que establece que vería con agrado que la entidad las entregue de forma individual a los choferes que no cuenten con las mismas y que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
El autor de los Proyectos, el edil Del Frari, señaló al referirse a la temática: “La AMT decidió entregar a los empresarios 200 licencias más, para aumentar las que ya tienen, cuando en realidad se habían pensado para que sean utilizadas por cooperativas y que respondan a un fin social”. También hizo mención a una normativa vigente, afirmando: “la Ordenanza N° 12277 establece que la cantidad de licencia que se pueden entregar es una por cada 550 habitantes, debiendo haber en la actualidad 1100, cuando según el último informe de la AMT son actualmente 1742. Lo cual genera el colapso del servicio, provocando que los choferes tengan cada vez menos trabajo”.
Por su parte, la concejal Socorro Villamayor (PS) también se refirió a la situación, requiriendo que la Comisión Bicameral de seguimiento de SAETA y AMT de la Legislatura Provincial tome acciones al respecto. “Quisiera solicitarle la paralización del proceso que ha iniciado este ente. Entendiendo que se debe respetar la legalidad porque existen normativas que no se han acatado, como son los convenios firmados por el municipio e incluso la Ley Nº 7322, no observada la necesaria participación de los municipios al momento de tomar una decisión como esta ni tampoco la de las entidades gremiales representativas de estos intereses”.
La edil Romina Arroyo (GSC), también tomó la palabra, señalando: “Debemos comenzar a exigir a la AMT que trabaje en el transporte público, que tenga mecanismos de transparencia y que, principalmente pensado en la gente que no tiene trabajo, se realice la distribución de las licencias de manera equitativa”. Finalmente, la edil Sandra Vargas (UCR), sostuvo: “Los dueños de las remiserías se están llenando de plata, lo peor es que no estregan ni una factura, además los remiseros no tienen cobertura y se han convertido en rehenes de los propietarios”.
