La resolución se tomó en dicha comisión a partir del voto mayoritario de los diputados justicialistas Guillermo Sierra, Salvador Scavuzzo, Germán Rallé, Manuel Santiago Godoy y del Partido de la Victoria, Ramón Villa.
En tanto el diputado Julio Quintana del Partido Obrero firmó el acta en rechazo dejando constancia de su impugnación al procedimiento de elección y a las propuestas elevadas por la comisión.
Por su parte, el diputado Guillermo Martinelli de Salta Nos Une, se retiró sin firmar el acta de elevación al no estar de acuerdo con la elección de Ferraris. Al respecto el presidente de la Comisión de Auditoría, el diputado Sierra explicó que se resolvió por enviar el pliego de Ferraris, “porque es el que tiene más representación política, al ser la propuesta que lleva la firma del presidente del bloque de Salta Nos Une, Alejandro San Millán”.
“Como se define esa postulación en forma interna es atribución y responsabilidad de cada bloque, se dio una situación rara ya que habitualmente los bloques llegan a esta instancia con un solo candidato y no con dos como ocurrió ahora, ya que otros integrantes de Salta Nos Une postulaba también a Martín Diez Villa. Por eso desde la Comisión optamos por dar curso a la propuesta enviada por la autoridad máxima de ese bloque y quien se supone debió respetar la decisión de la mayoría de sus integrantes”, agregó Sierra.
El diputado también recordó que el ex juez de la Corte de Justicia fue el cuarto candidato presentado por SNU en pocos meses y que el Senado devolvió ambos pliegos la semana pasada al considerar que no era atribución de ese cuerpo seleccionar el postulante, por lo que solicitaban que la Cámara de Diputados resuelva esa situación.
El Partido de la Victoria tiene la atribución de elegir un miembro de la Auditoría en consideración de ser la primera minoría política en la Cámara de Diputados, mientras que Salta Nos Une lo hizo por ser el bloque de la oposición con mayor cantidad de integrantes.
Ahora ambos pliegos deberán ser aprobados en el Senado provincial para que los auditores puedan asumir por un período de cinco años.
