El proyecto establece sancionar con hasta 30 días de arresto o una multa económica a quién, dentro de un establecimiento de gestión pública o privada o en sus inmediaciones, hostigue, maltrate o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador del ámbito de la educación o de la salud.
El Presidente de la Cámara, manifestó que este tipo de hechos ocurren a menudo en la provincia y el país, lo cual es preocupante, es por ello que esta contravención servirá para los docentes y demás trabajadores de la educación.
“La aprobación del proyecto no significa que vayan a cesar los actos de violencia, pero si nos ayudará a recapacitar como sociedad”, dijo Godoy.
Para finalizar, el legislador explicó que es obligación de los miembros de la Cámara tomar las medidas que fueran necesarias para proteger a los trabajadores, evitar los hechos de violencia, proporcionar óptimas condiciones para el desarrollo de sus actividades y respetar sus convenios colectivos.
Por su parte, María López se mostró preocupada por la violencia plasmada en varios establecimientos educativos de la provincia y declaró que es urgente garantizar la integridad de estudiantes, padres y educadores.
