La discusión de una nueva ley para el Consejo de la Magistratura planteó el gobernador Juan Manuel Urtubey ante los cuestionamientos que tuvo la decisión de devolver las ternas propuestas y solicitar la apertura y realización de nuevos concursos para cubrir las vacantes de los cargos de jueces en las Salas I, II, III, IV y V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
Y afirmó que “no estoy acá para defender a las corporaciones tras asegurar que no avalará un proceso irregular, un procedimiento que además se está resolviendo en la Justicia.
Urtubey dijo que la situación amerita una discusión de fondo. “Estamos hablando de una terna discutida judicialmente. Lo peor que se puede hacer en la vida es insistir en un error y justificarlo de cualquier manera y el error es pretender usar al Consejo con un mecanismo que no es transparente, está claro que es así. Entonces, cómo voy a validar un proceso que de principio a fin está plagado de irregularidades. El gobernador no puede estar obligado a avalar una irregularidad”.
Recordó que la convocatoria fue para la realización de cinco concursos para cubrir cinco vacantes en la Cámaras, cinco concursos “separados, autónomos e independientes”, y que el Consejo resolvió unificarlos. “Los inscriptos quedaron en una gran licuadora porque se modificó una cuestión sustancial. Algo irregular”.
“No puedo designar a una persona que no está en la terna, pero si la terna está viciada no me pueden sumar, es una buena oportunidad para sentarnos a discutir esto. No me van a obligar a convalidar una maniobra irregular, no sólo modificando cuestiones sustanciales sino generando inequidad entre los concursantes. Cómo se explica a la sociedad que con artilugios corporativos, el gobernador termina siendo cómplice. Eso no lo voy a hacer”, sumó.
El Gobernador indicó que a la integración del Consejo lo marca la Constitución y que eso está vinculado a un procedimiento y no tiene que ver con las personas. Ratificó la decisión de avanzar en la autarquía del poder Judicial y reiteró que “no voy a convalidar procesos irregulares, porque no estoy obligado a ir en contra de lo que marca la ley. No tengo miedo, pero objetivamente hay un dato de la realidad y no voy a avalar situaciones irregularidades. No me tiembla el pulso, la Constitución me avala”.
