El Servicio Social de Emergencia de la Cooperadora Asistencial cumple un rol destacado en cuanto a la asistencia y contención que brinda a personas de sectores vulnerables. “Se encarga de asistir casos de personas y familias de la capital que se encuentran en situación de alto riesgo y vulnerabilidad social, estableciendo estrategias de intervención para evitar o paliar situaciones de exclusión social y alcanzar el bien social, buscando mejorar su calidad de vida”, señaló el presidente del ente autárquico, Pablo Outes.
En ese marco, la asistente social Luz Arévalo precisó que entre el 4 de enero y el 9 de junio pasado fueron atendidas 707 personas, quienes fueron asesoradas y derivadas a otras dependencias del Estado e instituciones con las que se articula un trabajo en red. A otras personas se les solicitó documentación respaldatoria para iniciar el correspondiente expediente.
Cabe destacar que se toman como casos prioritarios los incendios, sepelios, desalojos, oficios judiciales y personas con problemas de salud con tratamientos de alta complejidad.
Durante el mencionado período ingresaron 506 expedientes, de los cuales 404, con su respectivo informe social, fueron resueltos y otros están en proceso de evaluación y resolución.
Los últimos se pueden discriminar conforme a sus características. Hubo 71 sepelios con complicaciones emergentes. A ellos se suman 64 oficios judiciales que incluyen insanía, familia numerosa con ingresos mínimos y casos de violencia de género, entre otros. Hay que agregar 4 incendios y 2 desalojos con orden judicial. Se agregan 136 expedientes del área de presidencia, 35 de vicepresidencia y otros 92 derivados de Coordinación de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia, de instituciones estatales nacionales y provinciales, casos que emergen de los medios de comunicación, entre otros.
De los 102 expedientes restantes, 32 ya están para entrevista domiciliaria; 26 en calidad de comodatos con prestaciones otorgadas tales como colchones de aire, nebulizadores, sillas de rueda y muletas; 17 están demorados porque quienes los iniciaron adeudan documentación; 14 fueron archivados por no corresponder a la jurisdicción o por haber sido asistidos recientemente, y 13 se encuentran notificados y citados (esto surge una vez realizadas al menos dos visitas domiciliarias no atendidas).
