La audiencia de imputación al ex subsecretario, Víctor Ola Castro y los jefes de los Programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Roberto Durnelli y Víctor Dagúm, se realizará en los próximos días.
A lo largo de la investigación realizada, tras la reapertura de la causa penal, las fiscales reunieron documentación que permitió establecer la comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, imputables a Ola Castro, Durnelli y Dagúm.
La investigación se inició tras la muerte de Víctor Humberto Ferreira, Mauricio Miguel Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Robinson Albarracín, quienes murieron en un incendio forestar ocurrido el 28 de octubre de 2014 en el paraje Las Juntas, en la localidad de Guachipas.
La investigación fue dirigida por el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, quien decidió archivar las actuaciones, sin embargo, en septiembre del año pasado, tras la remisión de nueva documentación de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia, entre ella la declaración de Alfredo Aparicio, un ex brigadista, la fiscalía reabrió el caso.
Portal, posteriormente, se apartó de la causa. En vista de ello, y en función de las facultades legales, el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, designó a Romero Nayar, fiscal penal 1, y Poma, de Delitos Económicos Complejos, al frente de la investigación.
Las fiscales señalaron que como resultado de las distintas diligencias realizadas se logró incorporar a la causa suficiente constancia y documentación relacionada a la situación laboral, funciones y atribuciones de las personas fallecidas.
De esta tarea investigativa, en la que se incluyen también diversas testimoniales, las fiscales sostuvieron que se pudo establecer que las víctimas fatales del incendio era denominados como “combatientes”. Ferreyra, según lo informado por Ola Castro al Ministerio de Seguridad, era jefe de dicha cuadrilla. Asimismo, las fiscales pudieron determinar que Valdez y Vilte era personal contratado, mientras que los otros dos eran de planta permanente.
“Misiones y funciones” diferentes
Si bien se pudo comprobar, por la documentación agregada al expediente, que las víctimas fatales del incendio habían sido capacitadas para combatir incendios, Romero Nayar y Poma determinaron que Valdez y Vilte “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, también suscriptos por Ola Castro”.
Al examinar los contratos, las fiscales advirtieron que “las funciones asignadas para uno y otro programa son sustancialmente diferentes”. En los casos de Vilte y Valdez, señalaron, se pudo establecer que tenían “como misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de de Incendios Forestales”.
“Por el contrario los contratos de brigadistas como Ferreyra y Albarracín indica que sus funciones y misiones principales” eran las de “dar alerta, alarma y respuesta en la mitigación de incendios forestales y de pastizales”,agregaron.
Asimismo, se pudo establecer que el propio Ola Castro e incluso Durnelli solicitaron la renovación de los contratos de Valdez y Vilte pese a que los mismos además, de esas funciones también cumplían las que llevaba adelante la Brigada de Incendios Forestales.
En vista de esta irregularidad, detectada en la documentación que las fiscales reunieron al ser designadas, determinaron que “prima facie” existen elementos para imputar a Ola Castro, Durnelli y Dagúm el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.
Las imputaciones a los tres funcionarios, de los cuales Ola Castro ya no se encuentra en funciones, se desprende del hecho de que los mismos eran los responsables de la asignación de funciones y afectaciones del personal, entre ellos Valdez y Vilte, quienes “se encontraban afectados de manera casi permanente a la Brigada de Lucha contra los Incendios Forestales, incumpliéndose así con lo prescripto en el Convenio firmado por la Provincia en el marco del Plan nacional de Manejo del Fuego”.
Esta hipótesis criminal no es sólo fundamentada por la documental reunida, sino por las declaraciones de los compañeros de tarea de Vilte y Valdez, a quienes señalaron como los más “novatos”, pero que “ya habían participado de varios incendios en el pasado, pero que laboralmente tenían otra condición”.
