Su función será la de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en establecimientos penitenciarios y de detención provinciales.
El Procurador General de la Provincia tiene entre sus potestades la de “visitar en la forma que lo disponga el Reglamento las cárceles y los establecimientos de corrección, detención, prisión y dependencias policiales, a los fines de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en tales establecimientos provinciales”, según lo establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 8.
Ante la delicada situación por la que atraviesan los detenidos en los establecimientos penitenciarios, Cornejo anunció que creará tal figura con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, comprendidas dentro del régimen penitenciario provincial. “El proyecto es el de constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad”, ratificó el Procurador General. La preocupación por el nivel de sobrepoblación es que ésta “deriva en peligrosas condiciones de hacinamiento que inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”, explicó el funcionario.
